La Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (FEGICAT), en colaboración con la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME) y Enginyers BCN (EBCN), continúa abogando por un marco normativo que garantice la seguridad sin comprometer el despliegue de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. En este sentido, FEGICAT ha trabajado estrechamente con Bombers de la Generalitat para abordar las implicaciones de la Instrucción Técnica Complementaria SP147 recientemente publicada.

- Infraestructuras de recarga en comunidades de propietarios: una cuestión de seguridad.

Desde FEGICAT se destaca la necesidad de garantizar la seguridad en los aparcamientos de edificios residenciales. El punto 4.3.1 de la SP 147, que exime a las IRVE de clase 1 en comunidades de propietarios del requisito de un dispositivo de corte eléctrico, plantea un riesgo significativo.  Estas instalaciones, a diferencia de las industriales o comerciales, no están sujetas a inspecciones técnicas previas ni a controles exhaustivos, aumentando su vulnerabilidad frente a fallos eléctricos o incendios.

Este dispositivo de corte eléctrico es esencial para una desconexión rápida y segura en caso de emergencia. Su exclusión en comunidades de propietarios, siempre que no afecte alas instalaciones existentes, podría dificultar la intervención de los bomberos, poniendo en riesgo tanto a las personas como a las propiedades.  Desde FEGICAT se propone su obligatoriedad en todas las IRVE, incluyendo las de clase 1 en estos entornos.

FEGICAT ha logrado un compromiso verbal con Bombers de la Generalitat para revisar las limitaciones actuales relacionadas con la potencia y ubicación de las estaciones de recarga. Estas restricciones no solo obstaculizan el despliegue en aparcamientos de edificios residenciales, sino que también pueden frenar la transición hacia la movilidad eléctrica en Catalunya.

La Unión Europea está preparando una pre-guía para unificar los criterios de seguridad contra incendios en   infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, dada la disparidad actual entre los países. Este documento, que se publicará antes de fin de año, se espera que sea un reglamento de obligado cumplimiento entre 2025 y 2026, armonizando las normativas nacionales.